En el Perú, las crisis institucionales por parte del Estado, generan en la población una desconfianza permanente, además de un rechazo absoluto a sus acciones y planeamientos. Como ejemplo, podemos poner la gran cantidad –y diversidad- de agrupaciones políticas que se presentan en cada proceso electoral. Si tuviéramos ideas concordantes y fines iguales –o al menos, parecidas-, estas cantidades de candidatos se reducirían considerablemente.
Cada agrupación política, siguiendo con la idea, conlleva distintas necesidades por satisfacer, y distintos propósitos que, a sus entender, son los más urgentes por hacer. Siendo ello así, y más la débil estructura gubernamental que posee nuestro Estado, el desacato y la búsqueda de acortar los plazos y/o requisitos impuestos, son problemas de todos los días. Y ante una falta de fiscalización surgen los casos de corrupción, tales como tráfico de influencias y coimas a autoridades con cargos directivos importantes.
Si estos casos ocurren dentro de nuestro sistema estatal, se debe proceder con una visión global de él. Poco a poco, con normas y reglas que se ajusten a los lineamientos que desde el Gobierno se deseen actuar. Todos podríamos estar de acuerdo en que actos como la corrupción y el incumplimiento de reglas, están mal; sin embargo, somos nosotros mismos quienes buscaremos qué aprovechar si se nos presenta la oportunidad. Debemos ser coherentes.
Por ejemplo, hay tiendas en las que se venden discos “piratas”, falsos, copiados, a reducidos precios. Precio al que cualquier ciudadano promedio puede acceder, sabemos bien que contribuir –comprar- con la distribución de estos productos establece un delito tipificado en nuestro Código Penal; sin embargo, muchos de nosotros acudimos a comprarlos de igual forma. Esto se agrava cuando encontramos a un personal policial fuera de estos establecimientos haciendo de seguridad. Lo cual genera contradicciones entre lo que “debe ser”, y lo que “es”.
La sanción y las normas deben ajustarse a la realidad de la sociedad, siempre en búsqueda de una justicia equitativa y coherente. ¿Para qué queremos multas que la gente no podrá pagar después? ¿En dónde está ese punto en el que la ética y nuestras acciones confluyan?
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